El primero propone eliminar la figura de feminicidio del Código Penal y reemplazarla por una categoría neutral: “asesinato de la pareja”. El segundo plantea que, ante una denuncia por violencia que no prospere, la persona denunciada pueda accionar inmediatamente contra quien denunció. A simple vista, ambas iniciativas podrían parecer razonables bajo una lógica de equidad. Sin embargo, comparten un mismo problema de fondo: parten de una falsa simetría.
Pero hay un elemento adicional que no puede pasarse por alto: estas propuestas provienen de la presidencia de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, actualmente liderada por la propia Jáuregui. Es decir, desde el órgano que debería fortalecer la protección de las mujeres, no debilitarla.
La igualdad mal entendida
Es cierto que los hombres también pueden ser víctimas de violencia de pareja. Nadie lo discute. Pero el derecho no se construye sobre casos aislados, sino sobre patrones consistentes.
Los datos internacionales son contundentes: alrededor del 60% de las mujeres asesinadas en el mundo mueren a manos de sus parejas o familiares, mientras que solo cerca del 11% de los homicidios de hombres ocurre en ese mismo contexto. Peor aún, en Latinoamérica y el Perú estas cifras son aún más extremas. Esto revela una diferencia estructural: mientras los hombres son asesinados mayoritariamente en espacios públicos y en dinámicas delictivas, las mujeres enfrentan su mayor riesgo en el ámbito privado, en relaciones íntimas atravesadas por control, violencia previa y desigualdad de poder.
Por eso el feminicidio no es un privilegio penal, sino una categoría que permite nombrar una forma específica de violencia. Eliminarla en nombre de la igualdad formal no corrige una injusticia. La invisibiliza.
La violencia no es un evento, es un proceso
El feminicidio rara vez es un hecho aislado. Es, en la mayoría de casos, la culminación de un proceso de violencia: control, celos, agresiones previas, aislamiento, dependencia emocional o económica.
No se trata de “conflictos entre iguales”, sino de dinámicas sostenidas de poder.
Además, en muchos casos, las mujeres asesinadas habían denunciado previamente a sus agresores, sin que sus denuncias fueran atendidas de manera oportuna o efectiva. Este dato no solo evidencia la escalada de la violencia, sino también las fallas del sistema de protección, que muchas veces llega tarde o no llega.
Reducir estos casos a un “asesinato de pareja” elimina el contexto que permite comprenderlos, pero también invisibiliza la responsabilidad institucional en su prevención.
Cuando el problema no es la relación, sino el rechazo
Limitar el feminicidio al ámbito de la pareja también deja fuera un conjunto importante de casos: aquellos en los que la violencia ocurre precisamente porque la mujer no quiso tener una relación.
Existen numerosos episodios de agresión y asesinato vinculados a:
- rechazos afectivos o sexuales
- acoso persistente
- pretendientes o ex parejas que no aceptan la negativa
- celos o control sin vínculo formal
En estos casos, la violencia no surge de una relación, sino de una lógica de posesión y castigo frente a la autonomía. La idea de que la mujer no tiene derecho a decir “no”.
Esto refuerza que el feminicidio no describe solo un tipo de vínculo, sino una forma de violencia que sanciona la decisión femenina.
Denunciar bajo amenaza
El segundo proyecto introduce un riesgo aún mayor: que una mujer que denuncia violencia pueda ser contrademandada si no logra probar su caso.
En el Perú, el problema no es el exceso de denuncias, sino su ausencia. La violencia de pareja es uno de los delitos más subreportados, no solo por miedo o dependencia, sino también por la revictimización institucional que muchas mujeres enfrentan.
Denunciantes que no son creídas, que son cuestionadas, que deben repetir su testimonio múltiples veces o que no encuentran respuesta efectiva. En muchos casos, el sistema de justicia se convierte en una nueva forma de violencia.
Desde un enfoque de psicología social, denunciar implica un cálculo:
¿vale la pena el riesgo?
Cuando los costos —exposición, desgaste, represalias— superan a los beneficios —protección, justicia—, lo que ocurre es predecible: las personas no denuncian.
Si a ese escenario se le añade la posibilidad de una contrademanda, el mensaje es claro:
denunciar puede salirte más caro que callar.
El resultado no es más justicia. Es más silencio.
Un problema mal planteado
Quienes defienden estas medidas suelen apelar a la necesidad de sancionar denuncias falsas. Pero el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos para ello, y la evidencia muestra que estos casos son minoritarios.
El problema real no es el exceso de denuncias, sino su ausencia.
Entonces, la pregunta es inevitable:
¿por qué diseñar leyes para un problema marginal, a costa de agravar uno estructural?
El rol y las motivaciones
Aquí el debate deja de ser solo técnico y se vuelve político.
Cuando estas propuestas provienen de quien preside la Comisión de la Mujer y Familia, surge una tensión evidente. No se trata de cuestionar creencias personales, sino de analizar si existe coherencia entre el rol institucional y las iniciativas que se promueven.
¿Está la comisión cumpliendo su función de fortalecer la protección de las mujeres?
¿O está impulsando una agenda que redefine —y potencialmente debilita— esos mecanismos?
Más aún, cuando estas propuestas se alinean con una visión que tiende a minimizar las asimetrías en las relaciones de pareja, la preocupación no es menor.
Lo que está en juego
Este no es un debate ideológico menor. Es una discusión sobre el sentido mismo de la ley. ¿La ley debe reconocer las diferencias para proteger mejor? ¿O debe ignorarlas en nombre de una igualdad abstracta Porque cuando la ley deja de ver las desigualdades, lo que produce no es justicia, sino ceguera institucional. Y en esa ceguera, quienes más pierden son quienes ya estaban en mayor riesgo.
