Lo que comenzó con una cena
misteriosa tras haber ido encapuchado a un chifa, terminó antes del año nuevo
Chino, una de sus supuestas coartadas. Fuente: (BBC)
José Jerí gobernó el Perú como se
gobierna cuando el país no te concede ni el beneficio de la duda: a contramarcha,
con el reloj electoral encima y con la crisis política siempre lista para
devorarlo todo. Su mandato empezó la madrugada del 10 de octubre de 2025,
cuando juró como presidente por sucesión constitucional tras la vacancia de
Dina Boluarte.(1) Y terminó el 17 de febrero de 2026, cuando
el Congreso lo removió por “incapacidad moral” con 75 votos a favor y 24 en
contra, en medio del escándalo por reuniones no declaradas con un
empresario chino (“Chifagate”).(2)
Con esos márgenes, pretender un
balance de “resultados estructurales” sería poco serio. En cuatro meses no se
reforma el Estado ni se reconfigura la economía. Lo que sí se puede —y se debe—
evaluar en un gobierno corto es otra cosa: prioridades, señales, decisiones
críticas, capacidad de conducción y, sobre todo, estándares de integridad.
Porque en transiciones, la principal obra pública no es un puente: es la confianza.
Y Jerí la perdió.
La seguridad como bandera (y
como atajo)
Si algo intentó Jerí, fue
instalar la idea de que su gobierno dejaría un “legado” vinculado a la
seguridad: un Estado más duro frente a la extorsión, el sicariato y el crimen
organizado. En su narrativa, el Ejecutivo anunció la reglamentación de
la Ley N.° 32490 mediante el D.S. N.° 009-2026-PCM, presentándolo como un giro
“a la ofensiva” contra la delincuencia.(3) También comunicó que el Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana estaba “terminado” y que se presentaría ante el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).(4)
Pero esa bandera —en los hechos—
terminó pareciéndose más a una copia del libreto y hasta el cosplay de
Bukele que a una estrategia con sustento y ejecución. Mucha pose, poca
política pública. La gestión de “mano dura” se resumió demasiado seguido en
imágenes: visitas obviamente “armadas” al sistema penitenciario, golpes de
efecto y puesta en escena que, incluso cuando pretendían transmitir autoridad,
rozaban lo ridículo: la camisa remangada a lo Bukele; o patear puertas que
se abren hacia afuera; es una metáfora involuntaria de lo que fue la
administración en seguridad: mucho impulso, poca técnica.
Y el punto decisivo es este: el
plan de seguridad ciudadana, que se anunciaba como inminente, se quedó en
promesa. Hubo anuncios de fecha y expectativa mediática, pero el país no
alcanzó a ver ese plan convertido en política real verificable —con metas,
presupuesto, personal responsable, cronograma y mecanismos de seguimiento—
antes del colapso del gobierno.(5). En un Perú donde la inseguridad
no se combate con escenografías sino con inteligencia, coordinación
fiscal-policial, control territorial y reformas operativas, la narrativa de
Jerí quedó atrapada en el gesto. Y cuando la política se reduce al gesto, la
realidad —que cobra cupos y dispara en las esquinas— simplemente no se inmuta.
Como consecuencia, el crimen subió en este tiempo, en lugar de bajar.
Gobernabilidad: cuando el
ruido devora la agenda
Pero sería ingenuo leer la caída
de Jerí como un episodio aislado. La fragilidad de la presidencia que hoy vemos
no nació ayer: se ha venido incubando en la última década y se consolidó
cuando el fujimorismo —con 73 congresistas en el periodo 2016–2021—
convirtió su peso parlamentario en una palanca de bloqueo que fue erosionando
la gobernabilidad y empujó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de
2018.(7) Desde entonces, el sistema aprendió una práctica peligrosa:
que la presidencia puede ser desgastada y reemplazada con relativa facilidad.
El resultado es una institución cada vez más frágil, hasta parecer, por
momentos, un muñeco de torta: está ahí, visible, pero cualquiera puede
moverlo.
La caída de Jerí no ocurrió por
un informe técnico mal hecho ni por una medida fallida aislada. Ocurrió por una
falla de gobernabilidad e integridad. Su destitución se precipitó por un
escándalo que combinó dos ingredientes explosivos en el Perú de hoy: reuniones
no transparentadas y sospechas de tráfico de influencias. Reuters y
Associated Press reportaron el núcleo del caso: encuentros secretos y no
declarados con ejecutivos/empresarios chinos, la explicación oficial (“era por
un evento cultural”) y la decisión del Congreso de removerlo por “incapacidad
moral”.
Aquí está el corazón del balance:
en un gobierno de transición, la transparencia no es un valor ornamental; es
el requisito mínimo de supervivencia. Jerí pudo haber tenido —o no— una
agenda viable, pero el escándalo convirtió cada anuncio en un acto de defensa,
cada medida en una sospecha, cada discurso en una explicación, y cada
explicación en una mentira, que fue fácil de descubrir. En política, cuando el
relato dominante pasa a ser “¿qué escondes?”, ya no importa lo que dices que
estás haciendo: importa lo que la gente cree que estás haciendo.
Y esto ocurre en un país con un
patrón devastador: la destitución presidencial se ha vuelto una herramienta
recurrente. Associated Press recuerda que Perú ha tenido una sucesión intensa
de presidentes desde 2016, con el Congreso usando repetidamente la cláusula de
“incapacidad moral” como salida política.(6) Jerí no cayó en un país
institucionalmente saludable; cayó en un país donde la “transición” suele ser
sinónimo de “interinato precario”. Ese contexto explica, pero no excusa:
precisamente por eso, un presidente de transición debía extremar cuidados. No lo
hizo —o no pudo—.
El componente China:
reputación y sensibilidad política
Parte del golpe estuvo asociado a
la sensibilidad de las relaciones Perú–China y a la lectura pública de esas
reuniones. Reuters y Financial Times subrayan el daño reputacional del
“Chifagate” en un contexto de alta susceptibilidad política y de inseguridad
creciente, donde cualquier sombra se convierte en gasolina.(5) En un
gobierno breve, política exterior suele ser “piloto automático”; aquí se volvió
problema reputacional.
Entonces, ¿qué balance queda?
Un balance serio del gobierno de
Jerí no es una lista de obras ni un inventario de decretos. Es, más bien, una
advertencia.
Primero: sí intentó apropiarse
del discurso de seguridad y dejó gestos normativos en ese camino
(reglamentación de una ley y anuncios de plan). Pero en términos de impacto, el
tiempo fue insuficiente y el colapso político hizo imposible sostener una ruta.
Lo que queda es la sensación de que la seguridad fue usada más como símbolo —y
como puesta en escena— que como política integral.
Segundo: la gobernabilidad fue
el gran fracaso. No porque “no hizo nada”, sino porque lo básico
—transparencia y legitimidad— se quebró. Y cuando lo básico se quiebra, todo lo
demás se convierte en humo.
Tercero: la lección para
cualquier futuro gobierno de transición es brutalmente clara. En un país con
elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026, el
presidente no compite por épica; compite por confianza. Y en el Perú, la
confianza es un vidrio: se rompe con una sola escena, con una sola reunión mal
explicada, con una sola sombra que no se despeja a tiempo.
Jerí encarna, quizá sin quererlo,
la tesis más desoladora del ciclo político peruano: podemos discutir planes,
leyes y estrategias, pero seguimos siendo vulnerables a lo elemental
—integridad, rendición de cuentas, coherencia y límites éticos mínimos. Sin
eso, cualquier agenda —de seguridad o de lo que sea— termina reducida a
performance. Y el país, mientras tanto, sigue pagando el costo: un Estado que
no llega, una política que se cae y una ciudadanía que aprende a desconfiar
incluso antes de escuchar.
Con mucha pena (y cólera), y sin
una pizca de gloria, Jerí se convirtió en el primer presidente en funciones que
ha sido oficialmente censurado. Se intentó hacer antes con sus predecesores en
funciones, como fueron los casos de Manuel Merino (2020), quien renunció a los
5 días de asumir el gobierno; y Francisco Sagasti (2020-2021), quien logró
evitar la censura en su momento.
En suma: Jerí no fue un gobierno
“sin acciones eficaces”. Fue un gobierno sin piso. Y en el Perú, sin
piso no hay transición que aguante.
Balance breve desde la gente:
más allá de tecnicismos y relatos oficiales, hay un termómetro que no falla: la
paciencia ciudadana. Y lo que se ha sentido en el pulso social es que la salida
de Jerí fue recibida —en buena medida— como un “basta”. No necesariamente por
amor al Congreso, sino por agotamiento: la corrupción ya no se tolera como
antes, y cada episodio nuevo profundiza la idea de que el país no aguanta
otra transición convertida en escándalo. Ojalá ese hartazgo no se quede en
comentario indignado y se traduzca en decisión política. Porque la última
prueba no es la destitución de un presidente: es el voto. Esperemos que la
ciudadanía vote en ese mismo sentido: castigando la opacidad, premiando la
integridad y exigiendo un mínimo de decencia pública, sin la cual no hay
plan que sirva, ni seguridad que llegue, ni futuro que se sostenga.
Referencias:
1) Congreso de la República del
Perú – “José Jerí O. asume como presidente de la República tras la vacancia de
Dina Boluarte”
2) Reuters – “Peru’s congress
begins debating removal of President Jeri” (17 feb 2026)
3) Presidencia del Perú (Gob.pe)
– “Gobierno del presidente Jerí reglamentó ley contra delitos de extorsión y
sicariato…”
4) RPP Noticias – “José Jerí
anuncia que el próximo jueves se presentará el Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana ante el Conasec”
5) RPP Noticias – “José Jerí
presentará oficialmente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana este viernes 13
de febrero, indicó premier Álvarez”
6) Associated Press (AP) –
“Peru’s Congress removes interim President Jerí as he faces a corruption probe”
(17 feb 2026)
https://apnews.com/article/8974236f989f7d9cbd8e54de7d3ef81e
7) TV Perú – “ONPE: Fuerza
Popular tendría 73 congresistas” (Elecciones 2016)
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/elecciones2016/onpe-fuerza-popular-tendria-73-congresistas
