No confundamos disciplina con autoritarismo
Educar para pensar en tiempos de vigilancia y castigo
Por José Manuel Delgado Taboada
Un estudiante puede llevar el cabello corto y acosar a sus compañeros. Una estudiante puede tener las uñas sin pintar y arañarle la cara a una compañera con crueldad. También pueden teñirse el cabello o pintarse las uñas y ser personas responsables, solidarias y respetuosas. La apariencia no permite establecer la calidad moral de una persona.
Esta distinción elemental parece perderse en las
restricciones anunciadas por la presidenta Keiko Fujimori y su ministro de
Educación sobre el cabello, el maquillaje y las uñas pintadas en las escuelas
públicas. Los anuncios incluyen criterios sobre el largo de las faldas.
Presentadas como parte de la recuperación del orden, estas medidas plantean una
pregunta fundamental: ¿qué relación demostrable existe entre controlar la
apariencia de los estudiantes y reducir la violencia?
Disciplina y autoritarismo no son sinónimos. La disciplina tiene sentido
educativo cuando ayuda a comprender las consecuencias de nuestros actos, asumir
responsabilidades y respetar los derechos de los demás. Necesita normas claras,
razones comprensibles y consecuencias proporcionales. Su propósito es
desarrollar la capacidad de actuar responsablemente, incluso cuando nadie está
vigilando.
El autoritarismo convierte la obediencia en un fin.
La regla se justifica porque alguien con poder la impone; preguntar se
interpreta como insolencia y diferenciarse se vuelve motivo de sospecha. El
estudiante aprende que evitar el castigo importa más que comprender el sentido
de sus acciones.
La escuela necesita límites firmes frente al acoso,
las amenazas, la discriminación y las agresiones. Precisamente por eso debe
distinguir las conductas que dañan de las diferencias que simplemente incomodan
a los adultos. ¿Qué derecho vulnera un cabello teñido? ¿Qué daño ocasionan unas
uñas pintadas? Quien propone prohibirlos tiene la responsabilidad de justificar
su decisión.
Existen exigencias de higiene y seguridad con una
finalidad concreta: recogerse el cabello durante una práctica de laboratorio,
por ejemplo. Pero convertir una preferencia estética en obligación general
requiere demostrar su pertinencia. La investidura presidencial no convierte
una opinión sobre la apariencia en evidencia pedagógica.
Ante la violencia sexual,
fiscalizar las faldas
Las recientes denuncias de presuntas agresiones
sexuales grupales en el ámbito escolar hacen especialmente preocupante este
enfoque. En septiembre se conoció la denuncia de una agresión contra un
adolescente de un colegio administrado por la Marina. Ahora se suma el caso de
una estudiante de Talara: Fiscalía y Policía investigan una denuncia que
involucraría a diez escolares, varones y mujeres. Los hechos y las
responsabilidades deben esclarecerse mediante las investigaciones
correspondientes.
En este contexto, incorporar la regulación de las
faldas al discurso de recuperación del orden merece una crítica firme. Mientras
necesitamos respuestas frente a quienes agreden y frente a las fallas
institucionales que permiten la violencia, se vuelve a colocar bajo inspección
el cuerpo de las estudiantes.
La responsabilidad de una agresión sexual
corresponde a quien la comete. La obligación de prevenirla y atenderla
corresponde a las instituciones. Ninguna de esas responsabilidades depende del
largo de una falda.
No hace falta que una autoridad culpe expresamente
a las víctimas para que sus medidas refuercen esa lógica. Cuando la seguridad
se discute junto con exigencias de recato femenino, se corre el riesgo de
enseñar que las estudiantes deben modificar su apariencia para evitar ser agredidas.
Así se desplaza hacia las posibles víctimas una carga que no les corresponde.
El derecho a estar segura no aumenta con los
centímetros de tela. Tampoco disminuye por incumplir una regla de uniforme. Una
estudiante tiene derecho a recibir protección sin que se examine primero si su
ropa, maquillaje o comportamiento satisfacen las expectativas morales de los
adultos.
Ante una denuncia de violencia sexual, corresponde
preguntar qué ocurrió, cómo proteger a la persona afectada y qué
responsabilidades deben esclarecerse. El largo de su falda no responde ninguna
de esas preguntas.
Una escuela que enseñe a pensar
Mi preocupación va más allá de estas prohibiciones.
Veo en ellas una concepción educativa que idealiza el regreso a una escuela de
obediencia incuestionable: estudiantes alineados, cuerpos uniformados y
autoridades que no necesitan explicar sus órdenes.
Una formación integral exige aprender a formular
preguntas, contrastar fuentes, reconocer prejuicios, evaluar evidencias y
revisar conclusiones. El pensamiento escéptico implica pedir razones y estar
dispuestos a cambiar de opinión ante mejores argumentos. El pensamiento
científico exige someter nuestras afirmaciones a prueba. Esa exigencia debe
alcanzar también a quienes gobiernan.
Sería contradictorio enseñar a un estudiante a
desconfiar de una noticia falsa mientras se le exige aceptar sin examen
cualquier afirmación de una autoridad. También lo sería pedirle que denuncie un
abuso mientras aprende que contradecir a un adulto constituye una falta de respeto.
Una educación que aspira a prevenir la violencia
debe enseñar que la autoridad también tiene límites.
Desde esta preocupación corresponde discutir el
reemplazo de los lineamientos de Educación Sexual Integral y la ausencia de
filosofía como asignatura independiente. Son procesos distintos: los
lineamientos de ESI fueron sustituidos en mayo de 2026; la pérdida del espacio
curricular independiente de filosofía es anterior a este Gobierno.
La responsabilidad política, sin embargo, no
empieza ni termina con una presidencia. También debe examinarse la trayectoria
de los partidos, sus actuaciones parlamentarias y sus alianzas. El fujimorismo
y los sectores con los que articula su agenda educativa deben responder por las
iniciativas que promueven y respaldan. Ese examen requiere identificar su
participación concreta en cada decisión, sin confundir fechas ni atribuirles
actuaciones que no se hayan documentado.
La educación sexual debe permitir comprender el
consentimiento, reconocer la coerción, identificar situaciones de abuso y pedir
ayuda. La formación filosófica debe ofrecer oportunidades para examinar
razones, discutir valores y cuestionar aquello que se presenta como
incuestionable. Estos aprendizajes merecen un lugar sustantivo en una escuela
comprometida con la autonomía y la protección de sus estudiantes.
Una ideología que se presenta
como neutral
La presidenta también ha anunciado un «recorte de
la ideología» en los textos escolares y ha asegurado que los próximos
materiales saldrán «sin ningún tipo de ideología». Sin embargo, sus propuestas
expresan una concepción reconocible de la educación: una preferencia por la
uniformidad, la regulación diferenciada de la apariencia según el sexo y una
autoridad que establece cómo deben presentarse los estudiantes.
A mi juicio, esa es una orientación conservadora y
autoritaria. Puede discutirse y someterse al escrutinio público. Lo
cuestionable es presentarla como ausencia de ideología, como si únicamente los
demás tuvieran valores, intereses y una determinada visión de la sociedad.
Llamar “ideología” a las ideas ajenas y “orden” a
las propias no convierte estas últimas en verdades neutrales. Decidir qué diferencias deben
prohibirse y cuánto espacio se concede a la autonomía supone adoptar posiciones
sobre las personas y sus relaciones con el poder.
Por eso debemos exigir que la revisión de los
textos tenga criterios públicos: qué contenidos se cuestionan, qué errores
contienen, qué evidencia justifica modificarlos y quién realizará esa
evaluación. Corregir información falsa y mejorar el rigor de los materiales son
responsabilidades educativas. Excluir perspectivas porque incomodan al Gobierno
sería una forma de censura.
Defender el pensamiento crítico tampoco significa
que todas las afirmaciones tengan el mismo valor. Significa distinguir hechos,
interpretaciones y juicios de valor; contrastar las afirmaciones verificables
con evidencia y examinar los fundamentos de cada posición. Ese procedimiento
debe aplicarse tanto a un texto escolar como a un discurso presidencial.
Una escuela comprometida con la autonomía
intelectual debe ofrecer herramientas para reconocer y evaluar distintas
posiciones, incluidas las del Gobierno. La promesa de eliminar toda ideología
se vuelve especialmente peligrosa cuando permite imponer una visión política
mientras se niega que pueda ser cuestionada como tal.
Profesores que rompan el molde
Necesitamos profesores capaces de cuestionar las
prácticas autoritarias que la escuela ha normalizado. Docentes cuya autoridad
se sostenga en el conocimiento, la coherencia y el trato justo; que sepan
establecer límites y explicar sus razones.
La referencia a Vigilar y castigar, de
Michel Foucault, ofrece una lente para examinar cómo la vigilancia, el examen y
la sanción pueden organizar instituciones alrededor de la normalización de sus
integrantes. Cuando la escuela concentra su atención en inspeccionar cabellos,
uñas y cuerpos, debemos preguntarnos cuánto de su tarea educativa está siendo
desplazado por esa voluntad de control.
El docente necesita criterio propio para evaluar
las disposiciones que aplica: qué aprendizaje favorecen, qué derecho protegen y
qué efectos producen. Cumplir una orden no elimina la responsabilidad de
examinar si ocasiona humillación, exclusión o un trato injusto.
Romper el molde exige prácticas concretas: abrir
espacio a preguntas incómodas, reconocer errores propios, resolver conflictos
sin humillar y permitir que los estudiantes participen en la construcción de
acuerdos. Exige distinguir una agresión de una diferencia estética y responder
de manera proporcional a cada situación.
La formación del pensamiento crítico empieza en esa
experiencia cotidiana. Pierde credibilidad pedir a los estudiantes que
cuestionen afirmaciones sin evidencia si las decisiones del propio docente se
presentan como incuestionables.
Convertir al profesor en inspector de la apariencia
empobrece su profesión y reduce la educación a una rutina de vigilancia y
castigo.
El orden debe proteger
También merece cuestionarse la distinción anunciada
entre escuelas públicas y privadas. El ministro ha sugerido que quien quiera
teñirse el cabello podría buscar una institución privada que lo permita. La
capacidad de pagar otra escuela no responde a la pregunta esencial: ¿por qué
esa restricción sería necesaria para educar a quienes asisten a una institución
pública?
En un país golpeado por extorsiones y asesinatos,
el discurso gubernamental de recuperación del orden debe evaluarse por su
capacidad para proteger vidas. Vincular ese discurso con el control de los
peinados escolares no demuestra que tales restricciones contribuyan a enfrentar
la violencia.
Una escuela ordenada en apariencia puede seguir
siendo profundamente insegura. El silencio de un aula no permite saber si
alguien está siendo acosado, si una denuncia fue atendida o si un estudiante
tiene miedo de hablar.
Necesitamos protección efectiva de las víctimas,
atención oportuna de las denuncias, acompañamiento socioemocional y docentes
preparados y respaldados para intervenir. Esas responsabilidades exigen recursos,
trabajo sostenido y evaluación de resultados.
Como psicólogo y educador, defiendo una disciplina
orientada al cuidado, la responsabilidad y la autonomía. Una disciplina que
permita convivir entre personas que piensan, se ven y se expresan de maneras diferentes.
El cabello corto no acredita integridad. Las uñas
pintadas no demuestran indisciplina. Una falda no explica una agresión. La
obediencia ciega tampoco constituye una formación integral.
La escuela debe formar personas capaces de pensar,
convivir y responder por sus decisiones; ciudadanos que puedan reconocer una
injusticia y cuestionarla, incluso cuando provenga de una autoridad. Reducir
esa tarea a vigilar la apariencia y castigar la diferencia es renunciar a una
parte esencial de la educación.
